jueves, 10 de agosto de 2017

MAS DEL 80% DE PUNEÑOS LE DIO SU VOTO ¿Y AHORA?

LECTURAS INTERESANTES Nº 772
LIMA PERU            10 AGOSTO 2017
DE PALACIO A LA CÁRCEL
Por: Fernando de la Flor Arbulú (*)
CARETAS Edición 2500: jueves, 10 de agosto de 2017
El sistema de justicia en el país está incuestionablemente desprestigiado. Pareciera sin embargo que quiere ganar tiempo. Y está apuntando alto: los casos de los cuatro únicos expresidentes de la República, democráticamente elegidos, así lo acredita. Tener a un expresidente condenado en la cárcel (Alberto Fujimori), a otro en prisión preventiva (Ollanta Humala), a un tercero con orden de captura internacional (Alejandro Toledo) y al otro investigado (Alan García), constituye un buen intento de legitimarse y revertir su alto porcentaje de desaprobación. El mundo no debe salir de su asombro.
El caso de Ollanta Humala es el más sorprendente. Solo hace poco más de un año entregaba la banda presidencial. Ahora está preso, sin acusación fiscal ni juicio en curso. Y lo está en una celda al costado de Alberto Fujimori, quien sí fue sentenciado luego de un proceso al cual se sometió expresamente y en el que ejerció su defensa con todas las garantías del debido proceso.
Humala, ¿organización criminal?
La imputación a Humala, hasta donde se ha podido conocer, es que constituyó el Partido Nacionalista como una organización criminal de alcance transnacional, destinado a recibir recursos de origen ilícito del extranjero para evitar que se identifique su origen. El típico delito de lavado de activos agravado.
La prueba en que se sustenta dicha acusación es la declaración prestada a los fiscales peruanos por el empresario Marcelo Odebrecht, mandamás de la constructora brasileña que lleva su nombre, en la que asegura haber financiado la campaña electoral de Humala el año 2011.
Adviértase que no se está procesando a Humala por ningún acto irregular durante su gobierno, ni por haberse apropiado para su beneficio personal de los recursos públicos del Perú, que serían los casos de todos los otros expresidentes. No; se trata de la imputación a quien como ciudadano fue candidato, y habría recibido dinero ilegal del exterior para lavarlo, o sea, para ingresarlo al sistema sin identificar su origen.
La pretensión del sistema de justicia en el Perú pareciera, entonces, de gran alcance: busca sancionar a quienes están implicados en una organización criminal trasnacional que operaba desde Brasil. Grave acusación que, por cierto, tendrá que ser probada.
Hay varios riesgos en el intento: que la ley no se aplique igual para todos y, por consiguiente, la confusión de la ciudadanía sea tan grande que la credibilidad perseguida no solo no se logre sino que aumente el desprestigio. Y es que no hay que olvidar que Odebrecht también declaró, ante los mismos fiscales peruanos, que financió las campañas electorales del 2011 de Keiko Fujimori y del Apra.
La pregunta cae de madura: ¿procederá el sistema de justicia en el país igual con todos?      
    
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(*)   Abogado y fundador del Foro Democrático.


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